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El cumplimiento de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) representa una de las mayores presiones de las áreas de nómina y gestión empresarial en México. La omisión o el cálculo erróneo de esta prestación no solo deriva en sanciones económicas que superan las 5,000 UMAs, sino que compromete la reputación corporativa y la estabilidad laboral.
El también llamado “reparto de utilidades” es un derecho para las personas trabajadoras, fundamentado en el Artículo 123, apartado A, de la Constitución y regulado por los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Para el ejercicio fiscal 2026, las empresas deben distribuir el 10 % de su utilidad fiscal neta generada en 2025. Este proceso demanda una precisión técnica rigurosa debido a las reformas en materia de subcontratación y los criterios de topes máximos ratificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El cálculo de PTU actual opera bajo las modificaciones de la reforma del 23 de abril de 2021. Esta normativa eliminó el esquema de subcontratación de personal (insourcing/outsourcing), obligando a las empresas a reconocer a la fuerza laboral como propia y, por ende, a compartir las utilidades generadas por la unidad económica real.
Además, estableció los topes máximos que deben entregarse a las personas trabajadoras como parte de esta prestación, siendo tres meses de salario o el promedio de utilidades recibidas en los últimos tres años, entregando la que resulte más alta.
La validez de estos límites fue confirmada por la Segunda Sala de la SCJN en abril de 2024, estableciendo que no se vulnera el derecho constitucional, sino que proporciona seguridad jurídica y viabilidad financiera a las empresas.
La LFT establece excepciones específicas para proteger el capital de empresas en etapas críticas o con fines sociales. Estas exenciones son temporales o permanentes según la naturaleza de la entidad:
La elegibilidad para recibir la PTU se determina por el tipo de contrato y el tiempo efectivo laborado durante el año fiscal anterior. En 2026, cobra especial relevancia la integración de los trabajadores de plataformas digitales, conforme a la reforma del Capítulo IX Bis de la LFT.
Criterios de elegibilidad individual:
Exclusiones legales: no participan en el reparto los directores, administradores y gerentes generales. Los trabajadores de confianza participan, pero su salario para el cálculo se topa al 20 % por encima del salario del trabajador de planta de mayor nivel.
El cálculo de la PTU es una operación de dos fases que combina la proporcionalidad del esfuerzo (días) con la retribución económica (salario), limitada por los techos legales de la reforma de 2021.
El monto total a repartir (10 % de la utilidad fiscal) se divide en dos partes iguales:
Una vez obtenido el resultado individual de la suma de ambos fondos, el empleador debe aplicar el límite que resulte más favorable para el trabajador entre las siguientes dos opciones:
Si el cálculo inicial excede ambos topes, se pagará la cantidad mayor entre el límite de 3 meses y el promedio trienal. Si el cálculo inicial es menor a los topes, se paga la cantidad calculada originalmente.
Es importante considerar que si se entrega a la persona trabajadora más dinero de lo que marcan estos topes ese excedente ya no se considera utilidad, sino una gratificación.
En ese sentido, el criterio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que el excedente debe sumarse al Salario Base de Cotización (SBC) y pagar las cuotas de seguridad social que correspondan.
El cumplimiento de la PTU requiere una secuencia administrativa que garantice la transparencia ante la autoridad y los trabajadores. La omisión de cualquiera de estos pasos invalida el proceso ante una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Es obligatorio integrar una Comisión Mixta de Participación de Utilidades, compuesta por igual número de representantes del patrón y de los trabajadores.
Esta comisión tiene la facultad de revisar los datos de nómina, asistencias y la propia declaración fiscal. Su función principal es elaborar el "Proyecto de Reparto" que se exhibirá en el centro de trabajo.
El incumplimiento en el pago o el error en la aplicación de los topes legales conlleva riesgos financieros y reputacionales considerables.
La STPS, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, realiza operativos de vigilancia específicos tras el vencimiento de los plazos.
Las multas se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y se imponen por cada trabajador afectado:
Desde la perspectiva fiscal, la PTU pagada es deducible para el empleador en el ejercicio en que se efectúa el pago, siempre que se cumpla con la emisión de los CFDI de nómina correspondientes con el complemento de PTU debidamente requisitado.
Con información de la Constitución y la LFT.
